Independencia

Muchos creen que el tema de la independencia de Cataluña es como el futbol, es panem et circenses, pan y circo, Sálvame Deluxe, entretenimiento para que no centremos la atención en lo importante, es puro Gran Hermano. Mientras se hable de la independencia no se habla de Millet, Pujol, Bárcenas, cinco millones de parados o Caja Madrid.

Quizá tengan razón, quizá en el inicio fuera simple fachada, ahora ya no, ahora es un movimiento consolidado de una parte importante de la sociedad catalana que tiene lecturas jurídicas y económicas muy importantes. Y conviene prestarle atención.

Se habla, día sí y día también desde los movimientos independentistas, de falta de democracia al no permitir una consulta y “Derecho a decidir”, desde el resto de España se habla de secesión y cumplir con la ley.

Veamos.

Aquí analizamos desde una óptica jurídica el Derecho Internacional en virtud del cual un determinado grupo de personas de un determinado territorio pueden tener derecho a la autodeterminación y su aplicación al caso catalán.

Empecemos diciendo que no existe el “derecho a decidir” en derecho internacional. Se trata de una expresión desconocida y, en consecuencia, sin contenido jurídico. Lo que sí existe es el derecho a la autodeterminación de los pueblos.

Se ha dicho hasta la saciedad, que el derecho a la autodeterminación de los pueblos solo alcanza a los “pueblos y países sujetos a dominación colonial” conforme a la Resolución de la Asamblea General de la ONU 1514 de 1960, pero se olvida que la autodeterminación también se ha formulado como un pre-derecho humano de carácter colectivo del artículo 1 común a los Pactos de derechos humanos de 1966 y como un derecho de “todos los pueblos” Resolución AG 2625 de 1970.

Entonces, ¿tiene “Cataluña” derecho a la autodeterminación? Entendemos que hay un choque de derechos. Parece innegable que “Cataluña” o “el pueblo catalán” puede considerarse un sujeto político titular del derecho a la autodeterminación; una caracterización que no tendrían la comarca y población del “Baix Llobregat” o la ciudad de “Tarragona” y sus habitantes, por poner dos ejemplos. Cataluña tiene un territorio bien definido históricamente, con una población que se autoidentifica como catalana, gracias en parte a una lengua propia, aunque también comparte esta identidad buena parte de las personas que han llegado a este territorio en distintos momentos del siglo XX y para los que el catalán no es lengua materna. Si existe un “pueblo catalán”, tiene derecho a la autodeterminación.

Sin embargo, ese pueblo no está “separado” físicamente del pueblo español, ni puede decirse que la población española no pueda caracterizarse también como “pueblo” en el sentido del derecho internacional y que, en consecuencia, goce también del derecho a la autodeterminación, y además del derecho de integridad territorial y el principio de soberanía reconocido por Naciones Unidas.

Los españoles también tienen derecho a decidir sobre el territorio catalán y además tienen derecho a exigir la integridad territorial del Estado español. Este choque de derechos hace necesario el acuerdo de toda la población española para que sea posible la autodeterminación en Cataluña.

Cataluña puede llegar a tener derecho a la autodeterminación, pero no tiene derecho a la secesión conforme al Derecho internacional. Puede “dar su opinión”, pero sin romper la integridad del estado, salvo que sea mediante acuerdo. Que es lo que decía también el Tribunal Supremo del Canadá (1998) y la subsiguiente “Clarity Act” (2000): la decisión “democrática” del Québec sería el inicio de un proceso de reforma constitucional –pactado- que podría llevar a la secesión.

¿Y si el acuerdo es imposible? Una declaración unilateral de independencia (por vía parlamentaria o popular), si bien vulneraría el ordenamiento jurídico español y no vendría amparada por el Derecho internacional, tampoco sería contraria a éste, nada impide a la comunidad internacional reconocer a un país ilegalmente creado, como fue en puridad el caso de Kosovo, aunque obviamente las circunstancias no son similares.

Cosa distinta es que la Declaración Unilateral de Independencia (DIU) tuviera algún tipo de efecto útil. Solo si a esa declaración le sigue una situación de hecho en que pueda constatarse la presencia efectiva de los elementos del estado, en particular el ejercicio de la soberanía, podría entenderse que existe un estado realmente independiente; y solo en esa circunstancia tiene algún viso de probabilidad que la comunidad internacional procediera, aún en contra de la voluntad del Reino de España, a un reconocimiento generalizado del nuevo estado soberano. Extremo harto complicado.

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